Los auto atentados de las empresas Forestales en Chile
Los auto atentados de las empresasForestales en Chile
16 November 2006
published by www.mapuexpress.net
Chile — Reveladores antecedentes que involucra a empresasde seguridad de las entidades forestales demuestran señales de montajestendiente a incriminar a personas y comunidades Mapuche. La escalada deincendios forestales durante los años 1999 al 2001, coinciden con algunasdenuncias aún aisladas de auto atentados al interior de las propias empresas,como asimismo, con el inicio de un operativo de inteligencia en el Gobierno deRicardo Lagos, desde el mismo 2001. Casos de Yumbel en la VIII Región aldesnudo.
Organizaciones en este último tiempo, han venidoseñalando que desde hace varios años existen antecedentes que podríandemostrar que personas Mapuche acusadas de ataques incendiarios en contra deplantaciones e instalaciones de empresas forestales podrían ser inocentes y quese tratarían de montajes perpetuados a lo menos, por entidades de seguridadvinculadas a las empresas forestales.
El incremento de movilizaciones Mapuche por recuperar predios en manos de lasforestales y de cuestionar la expansión de esta industria desde 1997, hasta unaescalada de incendios forestales durante los años 1999 al 2001, coinciden conalgunas denuncias aún aisladas de auto atentados al interior de las propiasempresas, como asimismo, con el inicio de un operativo de inteligencia en elGobierno de Ricardo Lagos, desde el mismo 2001 al 2004, para reprimir,neutralizar, controlar y perseguir a una buena parte del movimiento mapuche.
A continuación algunos casos señalados:
Caso Yumbel y empresa de seguridad Santa Ana (Servicios de seguridad aMininco, Celco, Arauco y Bio Bio)
El senador Alejandro Navarro (P.S) , en su visita a la ciudad de Temuco afines de agosto del presente año, en el marco de una interposición de denunciaante el tribunal militar por la muerte de una anciano Mapuche a manos decarabineros, en la comuna de Nueva Imperial, aprovechó de expresar ante algunosmedios de comunicación que poseía antecedentes de que hay empresas forestalesque, en el marco del conflicto mapuche se provocan auto-atentados en sus predios.
Voy a entregar los informes elaborados por la Sección Forestal yEcológica de Concepción en procesos seguidos en el Juzgado de Yumbel, dondequeda establecido tanto por peritajes de la Sección Forestal Ecológica deCarabineros, como por peritajes realizados por privados, por peritos judiciales,de que son autoatentados, hechos por los guardias forestales’, dijo Navarro aRadio Cooperativa (31 de agosto 2006).
Si bien, causó algo de revuelo la información, esta nunca fue dada aconocer en detalle, sin embargo por información recabada por otras fuentes,esta denuncia habría apuntado a piezas de la causa rol 38.774-L del Juzgado deYumbel, por los delitos de incendio forestal del Año 2001, donde incluiría unInforme pericial (67-2001) de fecha 19 de marzo de 2001, de la Sección Forestaly Ecológica de Concepción, que investigaba incendios forestales en diversosfundos de la VIII región (LasTejas, El Manzanito, Llanos de Charrúa, Unihue)
Dicho informe acreditaría que 4 personas pertenecientes a la EmpresaForestal Santa Ana Ltda. Rut., 77.386.030-0, dedicada al rubro de la vigilanciaprivada de predios forestales, obligaron y amenazaron a un tercero para provocardiversos incendios forestales, presumiblemente con el objeto de justificar loscontratos entre las forestales y la misma empresa de vigilancia.
Un relato textual de este informe señalaría: Se determinó que laEmpresa Forestal Santa Ana Ltda.. que cumple funciones de vigilancia predial, enlos diferentes predios de las empresas forestales, tales como MININCO, CELCO,BOSQUES ARAUCO Y BIO BIO, no se encontraría autorizada para ejercer labores devigilancia, infringiendo con ello el art. 5 bis del D.L. 3607 ( ) Ley deVigilantes Privados, demostrando con esto por parte de la mencionada empresa laque es representada por José Roberto Escanden Pérez, una absolutairresponsabilidad en su actuar, realizando su trabajo en forma fraudulenta,lucrándose económicamente de manera indiscriminada y maliciosamente de lasempresas forestales, causando enormes daños económicos irreparables y a su vezuna grave destrucción al medio ambiente, provocando confusión y alarma dentrode las empresas forestales. Por lo que además se determinó que la empresaForestal Santa Ana Ltda. cumple funciones de vigilancia privada en forma ilegal,actuando algunos de ellos en contravención a la Ley Nº 17.798, sobre Controlde Armas y explosivos, por el porte ilegal de arma de fuego que es utilizado poralgunos de ellos, presumiéndose además que dicha empresa es la únicaresponsable de la totalidad de los siniestros forestales en calidad de autor,infringiendo con ello los artículo 476 inciso 3 y 482 del Código Penal (delitode incendio).
El Informe lo suscribiría Roberto Muñoz Sandoval, Sargento 2º, CésarMuñoz Astudillo, Cabo 2º, de la sección Forestal y Ecológica de Concepción,en la fecha indicada.
A similares conclusiones habría llegado el perito judicial Aldo GherardelliMaurer, en el Peritaje de Incendios Forestales antiguos y ya extintos, arequerimiento del Juzgado de Letras de Yumbel, en la misma causa (rol 38.774-L).
Con estos antecedentes, según fuentes extra oficiales, algunosparlamentarios habrían estado dispuesto a solicitar un Ministro en visita paraque se investigara estos antecedentes, entre ellos Navarro, sin embargo algopasó que detuvo toda gestión al respecto.
Cabe mencionar que, la Sección Forestal y Ecológica de Concepción, dejóde existir en octubre de 2001, a meses del Informe. La Institución dispuso quelas Unidades operativas del sector tomaran el asunto. El Departamento Forestal yEcológico de Carabineros OS-5 en Santiago tomó este tema.
El año 2001 es el año del Informe pericial, y el año del cese de laSección Forestal y Ecológica de Concepción.
A nivel País existían 12 secciones forestales (La Serena a Coihayque).Pero el Alto Mando suprimió todas. Las unidades del sector absorvieron la laborde la sección forestal. La Sección capacitó a Unidades Operativas para queinformaran temas.
Paradójicamente, la Corporación de la madera (CORMA) cambió recién depresidente , saliendo José Ignacio Letamendi e ingresando nuevamente aldirectorio, Fernando Leniz, empresario, latifundista (con predios en conflictocon comunidades), ex Ministro de la dictadura de Pinochet. En el cambio demando, el primero, advirtió que el recrudecimiento de la violencia loscoloca “en alerta frente a actos irracionales de unos pocos desquiciados”,y apuntó a la importancia de actitudes y señales del Gobierno. “Nospreocupan particularmente aquellos anuncios que apuntan a despenalizar comodelito terrorista los ataques a la propiedad”, dijo. Léniz, en tanto,recalcó el efecto que tiene para los empresarios el hecho de que Celco (forestaldel grupo Angelini) no pueda realizar mediciones para un estudio ambiental parael ducto al mar de la planta Valdivia por la oposición de grupos de pescadoresde la zona de Mehuín. (economía y negocios, diario el mercurio, 15 denoviembre 2006)
El caso de Leonardo Espinoza y el incendiode Rucañanco (Collipulli)
Tras el suicido en la ciudad de Santiago de un ex brigadista forestal,Leonardo Espinoza, joven que tenía 20 años, aparecieron reveladoresantecedentes que desenmascararon el rol de las brigadas de seguridad de empresasforestales ante los conflictos Mapuches.
El joven, antes de quitarse la vida, dejó unas cartas en las que narragraves episodios que le tocó vivir como brigadista forestal. Ante esto, sumadre Leticia Fonseca, entregó estos antecedentes a la justicia, en los que serevelaba que los propios brigadistas forestales incendiaron la casa patronal delFundo Rucañanco de la Empresa Mininco para inculpar a los Mapuches, entre otrosactos vandálicos.
Jerson Espinoza, hermano del joven suicida, quien también se desempeñócomo brigadista forestal, relataba a la prensa lo siguiente (Diario Austral deTemuco, 06 de enero del 2000): ….”Después que provocamos a los Mapuches,para nosotros la situación era incontrolable porque los habíamos hostigadodemasiado. Teníamos que hostigar a las Comunidades para que se produjeranenfrentamientos y la opinión pública se enterara de las -atrocidades quecometían los Mapuches-“…. “… Los guardias de la empresa deseguridad que trabajaban como brigadistas para las empresas forestales,provocaban la mayoría de los conflictos”… “En algunas oportunidadesprovocamos incendios forestales, bloqueábamos los caminos; llenábamos sacoscon arena para luego lanzarlos a los canales cercanos a las comunidades para queel agua desbordara e inundara sus siembras”…. …. “En las noches,cuando las comunidades Mapuches realizaban sus Ngüillatunes (**Ceremoniasreligiosas**) o reuniones, brigadistas cortaban los Rehues (**símbolo religioso**),hecho que desataba la ira y colocaba la situación más tensa”…
Por otro lado, dichos actos, según se afirmó, eran comportamientos paramantener y justificar sus puestos de trabajo de seguridad, pero, sin lugar adudas, la responsabilidad de la propia empresa forestal es inminente, por cuantoellos eran quienes sostenían a este tipo de funcionarios externos y por otro,es imposible que situaciones como estas evadan el control y fiscalización decualquier empresa, en especial de este tipo con sus millones y millones dedólares de ganancias y que no hayan hecho nada para corregirlo, no deja de serextraño, por decir lo menos.
Es importante recordar, que ante la quema de la casa patronal del FundoRucañanco de Forestal Mininco, ocurrida el 01 de agosto de 1999, el Gerente deRelaciones Públicas de la propia empresa, Rodrigo Hermosilla, acusódirectamente a personas mapuches, responsabilizando incluso al dirigente y exvocero de la Coordinadora de Comunidades en conflicto Arauco-Malleco, VíctorAncalaf.
Dicho “atentado”, fue uno de los principales motivos para que elGobierno Regional aplicara la Ley de Seguridad del Estado el 10 de agosto dedicho año, generando la designación del Ministro en Visita, Sr. Julio CesarGrandón. Todas estas diligencias, acarrearon como consecuencia lamilitarización policial en el territorio mapuche; la constante persecución ylas injustas detenciones de diversos dirigentes y comuneros Mapuches. Lasdenuncias por auto atentados nunca fueron investigadas, por el contrario,siempre se acallaron.
El diputado Eugenio Tuma (PPD, distrito 51), fue uno de los que promovióestas denuncias, pero siempre teniendo el cuidado de no involucrar a lasempresas sino a sus grupos de seguridad, señalando al mismo medio el 6 deenero del 2000: No me cabe duda que las empresas de seguridad, por el hechode estar vinculadas a ex agentes de seguridad, han sido cómplices de los actosvandálicos ocurridos en la zona con el fin de culpar a comunidades mapuches.Además las empresas de seguridad no cumplen con la ley laboral, aseveró elparlamentario, esto último, por cuanto que se captaban los funcionarios deseguridad como brigadistas y no por guardias para burlar los controles..
Caso Pedro Cifuentes y Forestal Mininco
Las denuncias realizadas por el obrero Pedro Cifuentes, el 26 de agosto de1999 a la prensa y el recurso judicial que se presentó para su protección anteel temor de represalias en su contra, ha sido otro hecho que quedó en el aire.Se publicaba en el diario local de Temuco lo siguiente el día 26 de agosto de1999: “La forestal me presionó, me dio dinero para culpar a los hermanosAncalaf de las quemas y destrozos en la empresa” . “Me amenazaroncon que me iban a encarcelar y las pruebas que tenían era un montaje de fotos.Es decir, me inculparían. Me entregaron la suma de 500 mil pesos y más 10 milpesos semanales” “ Me amenazó que tenía que trabajar paraellos y meterme dentro de las comunidades, darle información de todo lo quepasaba dentro de la comunidad. Ellos, en muchas otras partes, han pagado a gentepara que se infiltre en las comunidades mapuches”. Cifuentes involucraba afuncionarios de la empresa Forestal Mininco.
Cifuentes no pudo sostener las mentiras en medio de un careo con los propiosAncalaf ante el Ministro en visita Julio César Grandón, señalando al mismomedio Fue tanta la presión que tuve por mucho tiempo, cada paso que daba odonde iba me vigilaban. Declaré delante de ministro y fue ahí cuando me dicuenta que lo que estaba cometiendo era un error bastante grave, que estabaperjudicando a personas inocentes y me estaba perjudicando. Yo recibí el dineroque me ofrecieron.. Pedro Cifuentes habría sido contactado para este planpor un tal Alex de Ruiz, sindicado en aquel tiempo como funcionario de laempresa forestal Mininco. De Ruíz habría convencido a Cifuentes para queacusara a los hermanos Ancalaf en los hechos de violencia, entre ellos,apedreamiento de vehículos, quema de casas, plantaciones, puentes, entre otros.
Otros casos
Los relatos en anonimato de guardias forestales reconociendo la existencia deauto atentados a la prensa radial de Temuco (Bio Bio) que investigó y recopilóantecedentes durante el año 2000 y que fuese replicado como denuncia poralgunos parlamentarios, entre ellos Guido Girardi (hoy senador) y el diputadopor la novena región (distrito 51) Eugenio Tuma, son otros hechos que quedaronsin investigar.
Las empresas Forestales blanco de lasdenuncias.
La empresa Forestal que involucran en denuncias por auto-atentados a travésde sus cuadros de seguridad patrimonial, corresponde a Forestal Mininco,que integra el holding CMPC del grupo económico Familia Matte; sin embargo, conlas denuncias de Yumbel, estas se extienden a otras, tales como Forestal Araucoy Celco, del multimillonario de origen italiano, Anacleto Angelini (HoldingCopec-Arauco); y forestal Bio Bio también de Angelini.
Imputaciones a Mapuches y aplicaciones deLeyes especiales y represivas.
Es necesario tener en cuenta que por declaraciones del Ex Subsecretario delInterior, Jorge Correa Sutil (hoy premiado como integrante del tribunalconstitucional) , para el gobierno (Ricardo Lagos), el 2004 seria el año deculminación de la larga operación denominada Paciencia, iniciada el 2001para contener al movimiento mapuche (El Mercurio, 22/08/2004).
Al respecto, como se ha venido denunciando, existen personas condenadasincluso a más de 10 años de cárcel, de manera absolutamente desproporcionaday con denuncias locales e internacionales de vicios procesales, por atentadosincendiarios a los que se le ha dado la categoría de “terrorismo”, entiempos, donde a la vez, las mismas empresas han sido acusadas porauto-atentados.
Cabe mencionar, que cuatro ex huelguistas Mapuche, vinculados a acusacionesde ataques incendiarios terroristas a plantaciones, quienes habían estadosemanas en huelga de hambre, habían logrado con sectores oficialistas unprincipio de acuerdo a cambio de deponer este medio de protesta a cambio de laaprobación de un proyecto de Ley que permitiera su libertad condicional (proyectoLey Navarro). Sin embargo, parlamentarios de la misma Concertación,principalmente de la DC, entre ellos Sabag, Pizarro y Ruiz Esquide (DC), quienesse habían comprometido de manera escrita el 10 de mayo del 2006 a votarfavorablemente la ley sobre la libertad de los Presos Políticos Mapuche, sinembargo, los mismos, incluida la senadora Alvear que mantenía un compromisoverbal, se negaron a apoyar la iniciativa legislativa y votaron simplemente encontra.
Es sabido el estrecho vínculo que tiene el magnate Anacleto Angelini consectores de la democracia cristiana, entre otros.
Estas situaciones como el sistemático atropello de garantías fundamentales,e incluso transgresiones a normas del derecho internacional humanitario, seexpresan en actos estatales de brutalidad policiaca, aplicación delegislaciones penales impropias para reprimir la movilización social y quetransgreden el derecho al debido proceso, y someten a comuneros y dirigentesMapuche a encarcelamientos, y ante su evidencia probatoria, ha sido recogida pordiversas misiones de observadores no gubernamentales internacionales tales comola Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional,Human Right Watch, entre otros. Asimismo, la situación de vulneración de losderechos indígenas en Chile fueron constatadas por el Relator Especial deNaciones Unidas Para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Indígenas,en su visita a Chile en el 2003., quien sintetizó esta política estatal comouna criminalización de la reclamaciones indígenas. Similar posición adoptóel Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidasquien en noviembre pasado 2004, se manifestó preocupado por la falta dereconocimientos a los derechos de los Pueblos indígenas y por la aplicación deleyes especiales en el contexto de las actuales tensiones por las tierrasancestrales en las zonas mapuche.
