El 91 % de los incendios forestales esclarecidos en Huelva fueron provocados
El 91 % de los incendios forestales esclarecidos en Huelva fueron provocados
23 November 2005
published by www.huelvainformacion.es
Huelva — Para muchos una gran desconocida, la Policía Autonómica es pionera en la investigación de incendios forestales en Andalucía, algo así como los primeros ‘CSI’ del monte. Estos agentes del cuerpo nacional, dependientes orgánicamente del Ministerio del Interior pero funcionalmente de la Junta de Andalucía, participan en el Plan Infoca desde el año 1994.
“Hace 10 años existía una gran impunidad en este tema”, comenta Juan León, jefe del cuerpo en la provincia de Huelva. “No había investigaciones tras los incendios. Si no se detenía a nadie una vez sofocado el fuego, todo acababa ahí”.
Desde entonces, la situación ha cambiado radicalmente. El refuerzo de las leyes en materia de prevención de siniestros forestales ha ido acompañado de un incremento en los medios policiales, cada vez más especializados, sobre todo en una provincia como la onubense, de alto riesgo por ser la que tiene mayor masa forestal de Andalucía. No extraña, pues, que Huelva haya sido la primera en contar en la región con agentes medioambientales vestidos de paisano para vigilar las zonas más sensibles (una iniciativa puesta en marcha durante la campaña recién acabada) y con un dispositivo de investigación conjunta integrado por todos los medios que lo conforman: Policía Autonómica, Guardia Civil y efectivos de la Consejería de Medio Ambiente.
Todo ello ha tenido una consecuencia lógica: el esclarecimiento de muchos de los siniestros y el alto número de detenciones, el más alto de toda Andalucía. En concreto, de los 91 incendios investigados por la Policía en lo que va de año en Huelva, un total de 81 ya han sido esclarecidos, lo que supone un 89 por ciento de eficacia.
De las investigaciones realizadas por los agentes se desprende que 17 fueron intencionados, 57 por negligencias, 6 accidentales y sólo uno se produjo por causas naturales. La suma de los dos primeros da lugar a los siniestros provocados, aquellos en los que detrás estuvo la mano del hombre (en torno al 91 por ciento), bien porque el autor tuvo la voluntad de cometerlo (rencillas entre individuos, regeneración de pastos, limpieza del terreno…), bien porque el incendio se produjo sin intencionalidad pero incumpliendo las normas de prevención (lanzar colillas, no hacer cortafuegos, no disponer de equipos de agua en tareas agrícolas…). Destacan por encima de todos ellos dos que fueron cometidos por pirómanos: uno en agosto en el término municipal de Punta Umbría, cuyo autor fue detenido ‘in fraganti’, y otro el pasado mes de octubre en la zona de El Cerro de Andévalo.
Dichas actuaciones por parte de la Policía han dado lugar a la apertura de 65 diligencias que han acabado en los juzgados y a 58 personas detenidas, también puestas a disposición judicial.
Pese a la “notable mejoría” de los resultados en comparación a la campaña del año anterior, que a juicio de Juan León estriba en la mayor especialización de los investigadores y la coordinación entre las unidades, el jefe de la Policía Autonómica en Huelva reconoce la dificultad “de poner el incendio encima de la mesa de un juez”. “Es difícil exponer quién ha sido el autor porque no existen pruebas directas y nunca hay testigos”. Por eso, argumenta, el método utilizado es “la prueba de indicios”.
Después de mucho trabajo a pie de campo y ataviados únicamente con medidores de temperatura y de la velocidad del viento, equipos GPS y cámaras de fotos, los investigadores, que también aportan la intuición fruto de su experiencia, siguen tres pasos para esclarecer las causas de un incendio: en primer lugar, determinan la geometría del siniestro (las dimensiones que abarca y la dirección que ha seguido el fuego) para localizar, a continuación, el punto de origen. Una vez en el epicentro, se establece el cuadro de actividades, es decir, analizan la zona y averiguan qué clase de actividad se estaba desarrollando en ese lugar. Las técnicas de investigación tienen su origen en Portugal, si bien en los últimos años han sido mejoradas por la Policía Autonómica, la Guardia Civil y los agentes de Medio Ambiente, que utilizan el mismo método. “Consiste -abunda León- en seguir los rastros que ha dejado el fuego en su avance”.
“Son técnicas complicadas”, prosigue el jefe de la unidad policial, quien reconoce que algunos incendios tardan años en investigarse. De hecho, la Policía continúa analizando en la actualidad siniestros forestales que se produjeron hace meses.
Y es que la labor de estos agentes adscritos a la Junta de Andalucía no descansa a lo largo de todo el año. Aunque el mayor despliegue de medios entra en funcionamiento en julio y finaliza en septiembre (esta campaña se ha ampliado un mes más por razones de operatividad y por la sequía producida como consecuencia de la escasez de lluvias), un contingente de hombres permanece operativo ante posibles contingencias. “Los incendios son noticia en verano, pero se investigan durante todo el año”, recalca Juan León, quien pone como ejemplo el pasado febrero, un mes “malo” toda vez que se declararon varios incendios. “El fuego siempre está ahí porque va unido a la vida en el campo, es un método utilizado para la regeneración de pastos.
En cualquier caso, el Plan Infoca se activa coincidiendo con los meses de estío, los de mayor riesgo. Un periodo en el que la Policía Autonómica se ve reforzada con agentes procedentes de otras provincias. En la campaña acabada el 31 de octubre, el cuerpo contó con el mayor despliegue desde que participa en el operativo: dos patrullas dedicadas a la investigación y otras seis para realizar tareas de vigilancia. En total, unos 20 hombres, a los que también hay que sumar los que aportan la Guardia Civil y la Consejería de Medio Ambiente. “Huelva necesitaba una respuesta contundente por parte de las administraciones”, apostilla León, satisfecho por el hecho de que este año se hayan declarado menos incendios y los resultados de las investigaciones llevadas a caso sean positivos.
También fruto de las labores de prevención completadas por los efectivos policiales, que no salen a la luz pública pero se han saldado con un total de 158 inspecciones hasta octubre y la apertura de 104 actas de denuncias. “Se mandan a la Consejería y van en contra de aquellas personas que realizan fuegos sin autorización o no tienen los sistemas de prevención que obliga la legislación”.
Según el último informe presentado por la Junta de Andalucía, en la provincia onubense se han registrado en 2005 más de 272 incendios y conatos, culpables de las 2.361 hectáreas arrasadas por el fuego, 884 de las cuales estaban formadas por arbolado y unas 1.476 por zonas de pasto y matorral, fundamentalmente. En cuanto a la masa forestal afectada, la Delegación Provincial de Medio Ambiente estima que han ardido 259 hectáreas de eucaliptos, 557 de pinos, 45 de quercus, 22 de ripícola, 173 de pastizales y 1.303 de pastizales. También indica el documento, por un lado, que 14 de los incendios declarados en Huelva tuvieron lugar en espacios naturales y, por otro lado, que 191 de los siniestros se produjeron en días laborables, 39 en sábados, 36 en domingos y un total de 6 en días de carácter festivo. La Administración andaluza también informa de que 165 se declararon en montes de titularidad privada, mientras que 113 fueron en montes de titularidad pública.
En relación a las zonas arrasadas, la Policía Autonómica comenta, por su parte, que sus actuaciones más importantes se han llevado a cabo en los términos municipales de Santa Bárbara de Casas, Cartaya y Almonte. Pero especialmente en Moguer, que en lo que va de año ha registrado más de 10 incendios, tres de ellos en un intervalo de apenas 30 días (entre finales de julio y agosto) y que se cobraron varios centenares de hectáreas de parajes ubicados en el Parque Natural de Doñana. Las investigaciones señalaban que habían sido intencionados.
Desde el pasado 1 de noviembre ya se pueden volver a hacer barbacoas y fumar en el monte, prácticas prohibidas desde el 22 de julio en virtud a la aprobación de un real decreto de medidas extraordinarias para prevenir incendios forestales. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno a raíz del trágico siniestro acaecido en Guadalajara que se cobró 11 vidas y miles de hectáreas.
El decreto prohibía encender fuego en todo tipo de espacios abiertos y, en particular, la quema de rastrojos, pastos permanentes y restos de poda, quedando suspendidas las autorizaciones que hubieran sido concedidas para este fin, además de encender fuegos en las áreas descanso de las carreteras y, a cielo abierto, en las zonas recreativas y de acampada.
